La ley sharia, el yugo de las mujeres

Los talibán han rechazado sentarse hoy a la mesa de negociación para avanzar en una paz que cada vez parece más frágil en Afganistán. Mientras, los insurgentes expanden su dominio sobre un tercio del país, imponiendo una despiadada versión de la ley sharia que afecta indiscriminadamente a la población civil que vive bajo su yugo. Eso sí, los insurgentes no aplican con el mismo rigor esa visión extrema del islam a sus seguidores, comandantes y guerrilleros.

En Afganistán, los casos sobre la administración de la ley islámica talibán se suceden semana tras semana. Un horror inenarrable consistente en abusos, violaciones, violencia de género y penas de muerte sumarísimas. El pan de cada día en los medios de comunicación afganos, que de vez en cuando salta a la palestra mediática internacional.

Abdul Ahad, residente de Nakhijiristan –en la provincia de Badghis (al noroeste del país) y que sigue muy disputada entre el Gobierno de Kabul y los talibán– fue condenado recientemente a muerte por adulterio y "ejecutado por los insurgentes dos días después", según informó el gobernador del distrito de Qadis, Mirza Ali.

Otro de los casos más sangrantes y con escasa resonancia internacional tuvo lugar en agosto en la aldea de Tirgaran –en la provincia de Badakshan, al noroeste del país– cuando una mujer que las autoridades no quisieron identificar fue "violada por los talibán enfrente de su marido y sus tres hijos para luego ser colgada hasta morir", según explicó Lal Muhammad Ahmad Zai, uno de los portavoces de la policía en la provincia.

Además, el pasado octubre las tropas talibán que tomaron al asalto la capital provincial de Kunduz se sumieron en una orgía de violencia mutilando, asesinando y violando a civiles a placer amparados por la sharia que predica la cúpula insurgente desde su santuario en Baluchistán (Pakistán).

Los incidentes, que fueron denunciados por Amnistía Internacional, incluyeron la violación en grupo de mujeres, palizas indiscriminadas a familiares de los trabajadores gubernamentales y juicios sumarísimos in situ con las consiguientes condenas a muerte y mutilaciones.

"Cuando los talibán tomaron el control de Kunduz, anunciaron que traerían la ley y el orden a través de la sharia, pero todo lo que han hecho ha sido violar sus propias leyes", explicó una activista social afgana a Amnistía Internacional. Sirva como ejemplo el hostal universitario en el que, escribe el periodista afgano Wali Arian, "varias chicas fueron violadas y asesinadas por los guerrilleros a su paso por la Universidad de Kunduz".

Todo parece indicar que la aplicación de la sharia talibán es exclusiva para civiles y representantes de las fuerzas de seguridad afganas, o para todo aquel que se oponga al régimen religioso y autocrático insurgente.

Por ello, muchas veces –después de la aplicación de una condena en los tribunales talibán– las familias de los afectados buscan justicia por su propia cuenta. Una justicia que a menudo es igual de violenta que la ejercida por el grupo extremista islámico.

El último caso que se hace eco de esta realidad sucedió hace varias semanas en la aldea de Shanan, en la provincia de Ghazni (al este del país) cuando dos comandantes talibán y uno de sus lugartenientes fueron presuntamente asesinados "por los familiares de la menor de la que estaban abusando", informó el jefe policial de Ghazni, el general Aminullah Amarkhil.

"Hace mucho tiempo que existe demasiada impunidad ante las serias violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria en el país, por lo que tenemos que adoptar urgentemente medidas concretas para romper este círculo de violencia", insistió la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Misión de Naciones Unidas en Afganistán (Unama), Danielle Bell. Continuaba así con "la retórica de Naciones Unidas de muchas palabras de condena pero ninguna presión sobre los legisladores afganos", en las críticas palabras del activista social S. Mohammad.

Por su parte, el Gobierno de Kabul ha ratificado su "compromiso para implementar todas las convenciones que garanticen los derechos de las mujeres", explicó el representante del Ministerio de Exteriores, Nasir Ahmad Andish. "Utilizaremos todos los recursos disponibles para poner en marcha el Plan Nacional Afgano de acuerdo con la resolución 1352 de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Paz y la Seguridad", añadió.

Unas palabras que, por otro lado, no han calado entre los miembros de muchas organizaciones pro derechos humanos y activistas sociales que semanalmente denuncian casos de la aplicación de sharia talibán, así como abusos perpetrados por el Gobierno de Kabul, y que en ambos casos pocas veces llegan a los tribunales afganos.